El Gobierno Nacional resolvió suspender de manera temporal la auditoría de todas las pensiones por discapacidad que se venían revisando en el país, a raíz del escándalo que sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en coordinación con la Casa Rosada, mientras se desarrolla una inspección interna sobre el funcionamiento del organismo, que fue intervenido tras la filtración de comprometedores audios.
La crisis en la ANDIS estalló cuando se dieron a conocer grabaciones del entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, en las que admitía la existencia de “una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos”. A partir de ese hecho, las autoridades nacionales decidieron intervenir la agencia y paralizar las acciones de auditoría que estaban en marcha.
Hasta el momento de la suspensión, la ANDIS había dado de baja un total de 128.667 beneficiarios. Según datos oficiales, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas, con casos de personas que “presentaron la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión”. Además, 8.107 eran otorgadas a personas fallecidas y 10.038 beneficiarios habían renunciado voluntariamente a la ayuda.
Las citaciones y controles presenciales quedaron suspendidos
El proceso de depuración fue anunciado públicamente meses atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que se trataba de “un proceso progresivo que abarcaría a más de un millón de casos”. Sin embargo, tras la filtración de los audios de Spagnuolo, no solo se suspendió la auditoría, sino que también se iniciará una revisión de las más de 120 mil bajas ya efectuadas.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, afirmó una fuente cercana a Lugones en diálogo con Infobae.
Durante el tiempo que dure este proceso, no se enviarán nuevas citaciones ni se avanzará con los controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales que reciben pensiones por invalidez laboral. La medida busca evitar que se cometan errores mientras se revisa lo actuado por la gestión anterior.
Cambios estructurales frenados por falta de facultades legislativas
Otra medida que quedó en suspenso es la posible transformación de la ANDIS en un área dentro del Ministerio de Salud, una idea que se venía evaluando para dar mayor transparencia a los procesos de licitación y contratación. Actualmente, al tratarse de un organismo descentralizado, la agencia tiene autonomía para manejar su presupuesto, realizar compras y contrataciones sin necesidad de pasar por el control del ministerio.
“Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, explicaron desde el entorno del ministro Lugones. No obstante, para avanzar con una modificación de este tipo, el Ejecutivo necesita el aval del Congreso, ya que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa que estaban vigentes bajo la Ley Bases.
En paralelo, este jueves el Senado dio un giro político inesperado: la oposición desactivó un veto presidencial e insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad. Se trata de la primera vez en más de 20 años que una cámara del Congreso rechaza un veto del Ejecutivo.
Emergencia en discapacidad: nueva legislación y posibles impactos
La ley, que vuelve a entrar en vigencia, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Además, establece una reformulación de las pensiones no contributivas y una actualización de aranceles y compensaciones económicas, entre otros puntos clave.
Este nuevo marco legal podría afectar directamente el proceso que lleva adelante el Gobierno, al establecer nuevas condiciones para la entrega de beneficios. Mientras tanto, la auditoría interna en la ANDIS continuará y las decisiones sobre las pensiones por discapacidad quedarán en pausa hasta que se aclaren las responsabilidades y se definan los próximos pasos.
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