El sábado pasado el presidente, Javier Milei, había anunciado que tomaría la decisión de vetar los proyectos de ley de Emergencia en Discapacidad y amento a jubilados. Finalmente, este lunes se publicó en el Boletín Oficial. Desde el gobierno argumentaron que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes.
Sandra Salina es integrante de la Red de prestadores de Discapacidad de Entre Ríos. Definió esta situación como una “vulneración contra los derechos de las personas con discapacidad”. Además, agregó: “El mensaje del presidente nos pareció doloroso y que ninguneaba a las organizaciones, a las personas con discapacidad y a sus familias. Teníamos esperanza en que reviera la situación y la pueda tomar con un poco más de humanidad”.
Emergencia Nacional
El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Además creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025. En 2026 sería de 4,7 billones, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
Salina aclaró que “la ley aportaría, en principio, a un cambio en la situación de las organizaciones”. Al mismo tiempo, permitiría volver “a pensar en los derechos de las personas con discapacidad. No solamente en términos de las prestaciones de salud, sino también en prestaciones laborales y educativas. Estamos pensando en una política de derechos, claramente”, sostuvo Salina.
“En este sentido, es volver a mirar lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Frente a esto también pensar un presupuesto adecuado”, manifestó.
Movilizaciones
En cuanto a la movilización planteada para hoy, desde la Red de prestadores de Discapacidad de Entre Ríos invitan a otras organizaciones que no participan de esta Red, y al público que esté interesado en acompañar esta lucha. “Creemos que esta ley va a traer derechos a las personas con discapacidad, y por esa razón creemos que no se puede vetar, las cuestiones fiscales no pueden estar de los derechos de las personas”, sostuvieron.
Presupuesto nacional
Por otra parte, Salina, es representante de la provincia ante el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis). En este marco, esta agencia pudo saber que desde este organismo se está organizando una asamblea nacional para “realizar acciones en conjunto y poder delinear líneas de trabajo ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para saber qué va a pasar con la discapacidad en el país”. “Esperamos que tengan un poco de humanidad para poder, insisto en esto, poner un presupuesto que responda a la situación”.
Con información de APFDigital