El asesor presidencial, Santiago Caputo, se encuentra cada vez más acorralado para rendir cuentas ante el Estado. El legislador de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, le pidió este lunes a la Oficina Anticorrupción que esclarezca su rol en el Ejecutivo. Exigen que cumpla con todos los deberes de los funcionarios públicos de alta jerarquía.
Caputo, que hasta hoy goza de una contratación como monotributista, conforma uno de los vértices del denominado triángulo de hierro. Desde allí se definen las políticas más importantes del Gobierno. Sin embargo, al no estar nombrado como funcionario, evade todo tipo de control.
“No es tolerable que tengamos funcionarios en las sombras. Hay una persona que toma decisiones relevantes, pone y saca funcionarios y decide las políticas de Ministros y secretarios, pero no se somete a los mismos controles”, denunció Reyes.
“La situación de Santiago Caputo es incompatible con una democracia republicana. Es una chantada que pasen por monotributo a uno de los vértices del triángulo de hierro”, agregó. “En los últimos días trascendieron todo tipo de situaciones extrañas en torno a personas designadas por Caputo. No podemos dejar que nos tomen el pelo de esta forma”, subrayó.
En la presentación ante la Oficina anticorrupción, Reyes advirtió que “la situación sui generis del Sr. Caputo podría constituir un fraude a la Administración mediante el uso de una figura contractual irregular, con el propósito de eximirlo de las obligaciones de transparencia y control que corresponden a un funcionario de alta jerarquía”.
Por esa razón, el legislador insistió con que la el organismo que conduce Melik emita un dictamen público que regularice el rol del asesor. “Ello amerita una respuesta contundente de esta Oficina, aplicando el principio de realidad material que rige en el Derecho Administrativo argentino”, señala el documento.
Obligaciones de funcionario público
La presentación ante la Oficina Anticorrupción tiene como objetivo que el asesor presidencial se someta a la Ley de Ética en el Ejercicio de la función Pública N° 25.188. También debería hacerlo ante el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Estas normativas obligan a todos los funcionarios a presentar declaraciones juradas sobre la totalidad de sus bienes e ingresos. Además exigen que declare sus antecedentes laborales y los clientes que haya tenido al menos en los últimos tres años antes del ingreso al cargo.
Por otro lado, la Ley de Ética Pública establece las prohibiciones e incompatibilidades de los altos funcionarios públicos. Algunas de ellas son la abstención de intervenir en asuntos donde exista conflicto de intereses. Cuestiones que también debería cumplir el asesor.
Fuente: Perfil
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