Promovido por Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno Nacional prepara un proyecto para endurecer el Código Penal de la Nación. Pretender enviarlo al Congreso durante las sesiones ordinarias. El objetivo es que sea “más punitivo” que el actual. Prevé iniciativas como que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin ninguna clase de reducciones o beneficios.
“Se está trabajando en una reforma del Código Penal, queremos elevar todas las penas porque nos parece que es muy condescendiente con los victimarios”, planteó un importante funcionario. El encargado de trabajar los detalles técnicos es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
En la mesa política del oficialismo aseguran que la prioridad es modificar los artículos 119 y 120 del título III del libro segundo del Código Penal. Estos regulan los delitos contra la integridad sexual. Actualmente, estas normas establecen penas que van de 8 a 20 años de prisión, con agravantes en casos donde el delito sea cometido por un ascendiente u otra figura de autoridad.
El endurecimiento de penas también alcanzará a la prisión perpetua. Particularmente trabajarían sobre el artículo 13 del título II del primer libro. Este apartado permite que una persona condenada bajo esta figura pueda solicitar la libertad condicional luego de cumplir 35 años de condena.
Más cambios
Para la gestión libertaria, las penas actuales “son irrelevantes” y remarcan que las sentencias “funcionan si se tiene miedo” a las mismas. “Hoy entran y salen al día siguiente y entonces ¿cuál es el medio a cometer un delito? Queremos castigar más al delincuente”, insistió el funcionario.
A su vez, manifestó que para el Gobierno “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”. Consultado sobre si se centrará sólo en lo punitivo y dejará de lado el costado de la reinserción social de los delincuentes, el funcionario respondió: “No es excluyente lo punitivo con la reinserción social”.
Otro de los cambios que analiza el Ejecutivo es la modificación de la figura de femicidio, establecida por la Ley 26.791. Desde la Casa Rosada consideran que las penas deben ser equivalentes para hombres y mujeres en delitos donde haya violencia en la pareja. “Queremos que las penas sean las mismas”, sostienen.
Fuente: Perfil
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