Una empleada pública que recibió $4 millones por error del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) gastó el dinero en un terreno, pero la Justicia ordenó la devolución total, fundamentando que se trató de un enriquecimiento sin causa.
El caso comenzó cuando la Dirección de Tesorería del IPVU, en Buenos Aires, realizó una transferencia bancaria a la cuenta equivocada debido a la semejanza de nombres entre dos empleadas. La trabajadora que recibió los fondos inicialmente alegó desconocimiento, pero luego admitió que había utilizado el dinero para comprar un terreno y se negó a restituirlo.
Al no llegar a un acuerdo con la empleada, el organismo provincial llevó el caso a la Justicia civil. El juez Martín Peliquero consideró acreditado que la mujer había incorporado los $4 millones a su patrimonio personal sin causa legal y que el IPVU sufrió un empobrecimiento correlativo, cumpliendo los requisitos del instituto de enriquecimiento sin causa según los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación.
El magistrado determinó que no existía justificación jurídica para que la trabajadora conservara los fondos y que todos los movimientos posteriores, incluyendo extracciones y la compra del terreno, evidenciaban conocimiento del error desde el primer momento. Por ello, ordenó la restitución total de la suma, junto con los intereses correspondientes.
Sobreseimiento penal y análisis civil
Previo al fallo civil, el IPVU había presentado una denuncia penal contra la empleada por el delito de expropiación de cosa ajena. Sin embargo, la trabajadora fue sobreseída tras pagar la multa mínima establecida. Peliquero aclaró que el sobreseimiento penal no impedía el análisis civil del caso, ya que la vía civil se centra en la restitución del patrimonio y no en la intención delictiva.
La Justicia destacó que la vía civil permitió establecer la obligación de devolver el dinero, independientemente de la exoneración penal. El fallo se apoyó en hechos no controvertidos: la transferencia por error, la negativa a devolver los fondos y la utilización de los $4 millones en la compra de un terreno.
Defensa de la empleada y fallo final
La mujer argumentó que no actuó con dolo y que su situación económica y la exoneración penal impedían la restitución inmediata. También solicitó que se reduzcan los intereses y se descuenten retenciones previas sobre sus haberes. Sin embargo, el juez resolvió que estas alegaciones no modificaban la obligación de devolver el total del dinero, dado que el enriquecimiento sin causa estaba claramente demostrado, indicó Iprofesional.
Este caso sienta un precedente en la administración pública sobre la obligación de restituir fondos recibidos por error. Aunque la vía penal no prosperó, la acción civil garantiza que los organismos estatales puedan recuperar recursos indebidamente transferidos, protegiendo así el patrimonio público frente a enriquecimientos injustificados.