Colegios de abogados contra la reforma laboral fue la consigna que marcó una nueva escalada judicial contra la normativa impulsada por el gobierno nacional, luego de que 29 entidades de todo el país presentaran una acción conjunta para frenar dos artículos clave de la ley. La demanda ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal y busca obtener una medida cautelar que suspenda parcialmente la aplicación de la reforma.
La iniciativa fue impulsada por colegios profesionales con representación en distintas provincias y se sumó a una serie de presentaciones que ya cuestionan distintos aspectos de la ley aprobada por el Congreso. Según se indicó, el objetivo fue demostrar la existencia de un perjuicio concreto sobre el derecho de defensa en juicio y advertir sobre el “peligro en la demora” si las disposiciones continúan vigentes.
De acuerdo a lo que trascendió, el planteo judicial se enfocó en dos artículos específicos de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada recientemente, que —según los abogados— alteran las condiciones de ejercicio profesional y generan un impacto directo en la percepción de honorarios.
Reclamo judicial por artículos de la reforma laboral
El escrito, patrocinado por el abogado Alberto Spota, solicitó una medida cautelar autónoma para suspender los artículos 20 y 227 hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. Los demandantes consideraron que las modificaciones introducidas vulneran derechos garantizados por la Constitución Nacional.
En particular, señalaron que las normas en cuestión afectan los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Carta Magna, vinculados al derecho al trabajo, la propiedad privada, el debido proceso y las facultades del Congreso. En ese sentido, sostuvieron que la magnitud de la presentación y la representatividad de los colegios le otorgan carácter colectivo a la acción.
En el texto judicial al que se tuvo acceso, los abogados afirmaron que la reforma implica “una utilización desviada de herramientas procesales”, lo que podría impactar no solo en los profesionales del derecho sino también en el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.
Honorarios profesionales en el centro del conflicto
Uno de los puntos centrales del reclamo estuvo vinculado al régimen de percepción de honorarios en los juicios laborales. Los colegios advirtieron que la posibilidad de establecer pagos en cuotas afectaría el carácter alimentario de estos ingresos.
Asimismo, alertaron sobre el riesgo de una eventual reducción en los montos, lo que podría implicar una vulneración del derecho de propiedad privada de los abogados. En ese marco, recordaron precedentes de la Corte Suprema que avalan el dictado de medidas cautelares cuando se presentan situaciones que podrían colisionar con principios constitucionales.
Los profesionales también cuestionaron cambios en la regulación de costas judiciales, al considerar que se trata de una facultad que corresponde a las provincias en el marco de su autonomía para dictar normas procesales.
Cuestionamientos al sistema procesal
En la presentación, los colegios argumentaron que el ordenamiento jurídico argentino ya cuenta con herramientas suficientes para sancionar conductas abusivas en el proceso judicial, sin necesidad de introducir nuevas disposiciones.
En ese sentido, citaron el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece el deber de las partes de actuar con lealtad, probidad y buena fe, y que habilita a los jueces a aplicar sanciones en casos de temeridad o malicia procesal.
Para los demandantes, la incorporación de nuevas normas en este sentido resultaría “redundante” y podría generar un efecto disuasivo en el ejercicio profesional, ante el riesgo de sanciones patrimoniales que desalienten la defensa de los derechos de los trabajadores.
“Las normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente”, señalaron, al tiempo que sostuvieron que se encuentra acreditado el requisito de verosimilitud del derecho necesario para el dictado de la medida cautelar.
Estrategia para evitar dilaciones del Estado
Otro de los ejes del planteo judicial fue la estrategia para evitar que el proceso se extienda mediante mecanismos procesales que podrían ser utilizados por el Estado nacional.
En ese sentido, los abogados solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la concesión de traslado al Estado prevista en la ley 26.854, que obliga a requerir un informe previo antes de resolver una cautelar. Consideraron que ese paso podría dilatar la decisión judicial.
Además, pidieron que la eventual presentación del informe estatal no tenga efecto suspensivo sobre la medida cautelar y que tampoco una apelación oficial paralice su aplicación. De esta manera, buscaron garantizar que la suspensión de los artículos tenga vigencia inmediata en caso de ser concedida.
Amplia adhesión de colegios de todo el país
La presentación fue respaldada por una amplia red de colegios de abogados de distintas jurisdicciones, lo que le otorgó mayor peso institucional al reclamo.
La iniciativa fue impulsada por el Colegio de Abogados de Villa María, encabezado por su presidenta Amalia Itatí Demarchi, y sumó adhesiones de entidades de Corrientes, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Salta, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, entre otras.
También participaron colegios de ciudades como Paso de los Libres, Goya, Curuzú Cuatiá, Bariloche, Ushuaia, Resistencia, Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje y Trelew, consolidando una acción de alcance federal.
Un nuevo frente judicial contra la reforma
La demanda se inscribió en un contexto de creciente judicialización de la reforma laboral, que ya enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores.
La norma, impulsada como una de las principales iniciativas del Gobierno en sesiones extraordinarias, fue aprobada con respaldo del oficialismo y aliados, con modificaciones limitadas respecto del texto original.
Sin embargo, su implementación comenzó a generar resistencias en ámbitos sindicales, profesionales y judiciales, que ahora buscan frenar su aplicación a través de distintas vías legales, publicó Ámbito.
En ese escenario, la acción presentada por los colegios de abogados representó un nuevo capítulo en la disputa por la validez de la reforma laboral, que podría tener definiciones clave en los tribunales en las próximas semanas.