Clausuraron una arenera en Islas del Ibicuy: el motivo

La Justicia Federal de Gualeguaychú ordenó en las últimas horas la clausura de la arenera “La República” en la ciudad de Ibicuy, tras una nueva inspección ocular donde se habrían encontrado restos de hierro, residuos contaminantes y una toma clandestina de agua subterránea de alta potencia.

La arenera había informado al CORUFA que no utilizaría más agua subterránea y que se serviría del arroyo Ibicuy, compromiso que se había establecido administrativamente.

A los trabajos de inspección los cumplieron representantes del Juzgado Federal, acompañados de Prefectura, personal de la planta, dos peritos invitados por el juzgado, dos testigos particulares, miembros del CORUFA y la Secretaría de Ambiente.

La lucha contra la extracción ilegal de arena

El 25 de abril, a raíz de un amparo de Ricardo José Luciano c/ Gustavo Bordet, fue ordenada la clausura de todas las areneras que se encontraban trabajando irregularmente en la provincia.

En ese marco, el 6 de mayo, el Juez Federal, Hernán Viri, tras un amparo presentado por Humberto Cadoppi patrocinado por el Dr. Ricardo Luciano, ordenó el cese de todas las areneras que trabajaban irregularmente, dando un plazo de 45 días para su regularización. Los amparos hicieron detener el trabajo de nueve areneras y cuatro plantas de lavado.

Pero el 10 de mayo el intendente de Ibicuy, Gustavo Rolda, otorgó un Certificado de Aptitud Ambiental a la arenera La República de Cristamine S.A., cuatro días después de la orden del Juez Viri.

Para Luciano esta autorización se otorgó en forma irregular “por no cumplir con las normativas vigentes, y porque no se había reparado el daño ambiental constatado”. Esto motivó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra el intendente de Ibicuy, miembros del CORUFA, secretaría de Ambiente y quien pueda tener algún tipo de responsabilidad administrativa. La causa contiene cuatro cuerpos.

A raíz de esta denuncia se abrieron otras dos causas, una por contaminación La República, y otra por irregularidades en la audiencia pública ARESIL S.A.

En definitiva, tras la nueva clausura, quedaron abiertos varios interrogantes, especialmente sobre la autorización efectuada por la intendencia de Ibicuy, y el trabajo de control – a esta altura dudoso- de los miembros del CORUFA y la Secretaría de Ambiente.

 

Fuente: R2820