Distintas organizaciones ambientalistas, agrupaciones sociales, gremios y referentes políticos se manifestaron este miércoles frente al Centro Provincial de Convenciones de Paraná (CPC) para rechazar el avance del proyecto de profundización del dragado del río Paraná, en el marco de una nueva licitación de la llamada hidrovía Paraguay-Paraná.
La protesta se desarrolló en paralelo a la tercera reunión de la mesa técnica convocada por el Gobierno nacional que tuvo lugar en el interior del CPC con participación de funcionarios provinciales y nacionales, representantes del área portuaria y de las bolsas de comercio. Los manifestantes reclamaron no haber sido convocados a participar del proceso de definición, y denunciaron la falta de una evaluación de impacto ambiental y la ausencia de licencia social para el proyecto.
“El proceso se está desarrollando a espaldas de la ciudadanía, violando principios de la Constitución Nacional, leyes ambientales y acuerdos internacionales que exigen, antes de cualquier obra, la realización de un estudio de impacto ambiental que debe contemplar la participación de la ciudadanía. En este caso, están elaborando los pliegos para una nueva licitación -luego de que la anterior fracasara- y nuevamente lo hacen sin convocar a la sociedad civil, a pesar de que del río Paraná depende el acceso al agua potable, un derecho humano fundamental”, expresó el abogado especializado en Derecho Ambiental, Enzo Culasso pudo saber EntreRíosYA de lo informado por Elonce.
Y continuó: “No pedimos ingresar a esta instancia porque ya es la tercera mesa que se organiza sin participación ciudadana. Se la presenta como una mesa `interdisciplinaria´, pero no se ha informado qué disciplinas están involucradas. Lo único claro es que en ella participan sectores con intereses económicos concentrados, que buscan maximizar sus ganancias a expensas del río, sin considerar la biodiversidad, la riqueza cultural ni la estrecha relación entre la salud ambiental y la salud de las personas”.
“En ciudades como Victoria, por ejemplo, ya se han registrado situaciones donde la población prácticamente se quedó sin agua, y eso está directamente relacionado con las tareas de dragado sin control en la vía navegable. Lo preocupante es que se omite que gran parte de la población argentina vive a orillas del Paraná y depende de la buena salud del río para acceder a agua potable”, denunció Culasso.
Reclaman falta de estudios ambientales y participación ciudadana
Por su parte, Gabriela Ferrer, también abogada especializada en derecho ambiental, cuestionó que el proyecto, conocido como la hidrovía Paraná-Paraguay, “carece de licencia social”. Según indicó, el proceso se viene desarrollando sin respetar las normas constitucionales ni los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que establece la obligatoriedad de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
“El avance sobre el dragado del río se está dando a espaldas de la ciudadanía, sin consultas previas ni transparencia. Por eso exigimos que se abran instancias reales de participación pública antes de continuar con cualquier evaluación técnica vinculada al proyecto, como lo que se ha difundido sobre el dragado a 44 pies, que representa un verdadero ecocidio”, sostuvo Ferrer.
Asimismo, informó que ya se presentaron tres recursos de amparo en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, con el objetivo de exigir estudios de impacto ambiental y participación ciudadana. También se han iniciado reclamos administrativos ante la Agencia de Puertos y Vías Navegables, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.
“Todo esto confirma que el proyecto no cuenta con licencia social, a pesar de que el gobierno continúa avanzando, ignorando los reclamos de las comunidades y las normativas vigentes”, concluyó.
Impactos en humedales, biodiversidad y acceso al agua
En tanto, Javier Núñez, guía turístico y asesor en islas del municipio de Victoria, participó de la jornada de protesta y brindó detalles sobre las consecuencias del actual dragado del río Paraná en su zona.
“El dragado no es algo que se va a hacer, sino que se viene realizando desde 1995 a una profundidad de 36 pies. En la zona de Victoria, esto ha generado un impacto muy fuerte”, explicó. Según detalló, las bocas ubicadas desde Diamante hacia el sur -que alimentan el humedal y abastecen a la Laguna Grande, el principal reservorio de agua del área- se encuentran actualmente colmatadas por sedimentos.
“El tipo de draga que se utiliza arrima a las costas entrerrianas, libera sedimentos que luego se acumulan en las bocas de entrada de agua, provocando su obstrucción y el secado progresivo del humedal”, indicó. Esta situación ha obligado al municipio de Victoria a declarar la emergencia hídrica en dos ocasiones en los últimos años.
Núñez también relacionó este proceso con los incendios registrados en la zona: “Las lagunas y arroyos, que funcionan como cortafuegos naturales, están desapareciendo. Esto agrava las condiciones de riesgo”.
Advirtió además sobre las consecuencias que implicaría profundizar el dragado a 44 pies, como propone el gobierno junto a empresas extranjeras: “Sería una sentencia de muerte para nuestra región. Afectaría no solo al ecosistema, sino también a toda la economía local vinculada a la ganadería en islas, la pesca, la apicultura, el turismo y el acceso al agua potable”.
Por estos motivos, expresó la necesidad de que se escuche a las comunidades ribereñas y se ponga el foco en los impactos concretos del dragado a lo largo de toda la cuenca del Paraná.
Durante la protesta también se vieron presentes representantes de gremios como ATE y AGMER, partidos de Izquierda y agrupaciones estudiantiles, junto a vecinos autoconvocados y otras entidades preocupadas por el impacto ambiental del proyecto.
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