Bordet prepara una batería de proyectos para modernizar la administración pública

Jun 22, 2019

22 de junio de 2019- El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión de gabinete donde dio a conocer una batería de proyectos y medidas tendientes a modernizar y dar celeridad a la administración pública. Además, mencionó que Entre Ríos fue destacada como uno de los ejemplos en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, Bordet analizó el paquete de proyectos y medidas que buscarán modernizar, agilizar y dar más transparencia a la administración pública provincial, entre ellas el juicio por jurado.

«El Estado necesariamente tiene que ir reconfigurándose y adecuándose a la exigencia en la sociedad a la cual tiene que responder. Una cosa que se advierte como necesaria para el futuro es adecuar los procesos administrativos, incorporando tecnología, notificaciones electrónicas, despapelización y, sobre todo, que el Estado pueda dar una respuesta con velocidad frente a los reclamos, sea de la ciudadanía o de los propios empleados públicos», sostuvo luego de la reunión la ministra de Gobierno Rosario Romero.

En ese sentido, la titular de la cartera política indicó que «que hay que rearmar la Ley 7060 (de procesos administrativos)». «Es uno de los planteos del gobernador para la etapa que viene», afirmó.

«Otra de las cuestiones que trató es el juicio por jurado. No es un tema menor. No es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia que sería planteada con 12 jurados ciudadanos. Mitad mujeres y mitad varones que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de 20 años de prisión. Es decir, los delitos más importantes y que más afectan a la vida de las personas de Entre Ríos. Hay siete provincias argentinas que ya implementaron el sistema y nosotros empezaremos a debatirlo. El gobernador tiene pensado enviar prontamente un proyecto de ley a la legislatura», adelantó.

El mejoramiento del proceso de compra fue otro de los temas abordados en la reunión de gabinete que se hizo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. «A veces son demasiado lentos los procesos para las cuatro años de una gestión y a veces no estamos contemplando en las normas vigentes las cosas que pasan afuera, en la macroeconomía. Por ejemplo, una estampida del dólar o una estampida inflacionaria nos hace tener que recomenzar procesos de licitación que ya hemos iniciado», precisó la ministra.

En ese marco, Romero explicó que lo que se está planteando es generar una comisión que extienda una resolución conjunta donde se debatirá como se adecua y contempla las situaciones especiales. «Hablamos de reconducir los procesos», continuó.

Para Romero, “el Estado se tiene que adecuarse a los requerimientos ciudadanos, ya que éstos no conocen de la espera de meses para lograr la concreción de una obra del Estado; pero también hay que decir a la ciudadanía que el Estado no puede hacer las cosas sin un registro, porque eso hace a la transparencia. Entonces hay que buscar conjugar transparencia y procedimientos que le den la garantía al ciudadano de que las cosas se hacen bien, con rapidez”.

Avances institucionales

Durante la reunión se analizaron diferentes proyectos en el marco de transformaciones institucionales que necesita la provincia. Algunos tienen ya tratamiento legislativo y otros se están elaborando para enviar a las cámaras para su correspondiente debate. A saber:

Reforma de Procedimientos Administrativos

Juicio por Jurados

Modificación de la Ley de Policía y Código de Faltas (Modificación ley 3815)

Modernización del sistema de compras y licitaciones en el Estado

Nuevo sistema de sumarios administrativos

Reforma de Procedimientos Constitucionales

Fiscalía Anticorrupción

Además, se consideraron los avances institucionales desde el 2015 a la fecha y su puesta en funcionamiento, como la Ley de Narcomenudeo, el Código Procesal de Familia y la Ley de Comunas.

Juicio por Jurados

Este proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

Se propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no.

Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal, brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado, los delitos más graves del código penal. Los que tengan una prisión en abstracto superior a los 20 años.

El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho.