La Justicia analiza si eleva a juicio una causa contra Rossi

21 de abril de 2019- La causa por la supuesta sobrefacturación de 20 cuadras en Santa Elena, en el departamento La Paz, que tiene entre los imputados al exintendente Domingo Daniel Rossi, tuvo un nuevo capítulo.

En los Tribunales de La Paz se realizó el martes 16 la audiencia de elevación a juicio de la causa en la que las partes dieron sus argumentos ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.

Según consignó Entre Ríos Ahorael fiscal Santiago Alfieri solicitó que la causa sea remitida a juicio oral y público; mientras que los defensores de Rossi plantearon la nulidad de las actuaciones por tres motivos: porque, aseguran, no se cometió ningún delito; y porque en el proceso se afectó el derecho de defensa. Por ello, solicitó el sobreseimiento. En el mismo sentido se expresaron los demás acusados.

Tras oír a las partes, el juez dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el 29 de abril para el tratamiento de los planteos defensivos y de la acusación pública. De no haber otra discusión, el magistrado deberá definir si eleva o no la causa a juicio.

En un principio la audiencia se iba a realizar la semana pasada, el miércoles 10, pero se postergó para este martes debido a un pedido del defensor de Rossi por la cercanía de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se realizaron el domingo 14.

La causa


El exjefe comunal está imputado por el supuesto delito de peculado y fraude a la Administración Pública por la presunta sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en Santa Elena, durante 2014 -su anteúltimo año de gestión-, en el marco del Programa Más Cerca.

La causa se inició por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

Según la investigación de Fiscalía, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szcczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones.

El monto del perjuicio al erario público, calcula la Fiscalía, tiene un monto máximo superior a los $5 millones y un mínimo de más de $1 millón. La Fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.

Por el contrario, la defensa de Rossi, a cargo del abogado Carlos Reggiardo, sostiene que no hubo sobreprecio e interesa el sobreseimiento. “De la misma investigación se desprende que la obra se ejecutó en un 126%, es decir, se hizo más obra de la pautada dado que el ex intendente solicitó a las oferentes la mejora y ampliación con respecto a la del presupuesto oficial”, dijo en una carta pública en diciembre de 2018.

El fiscal Alfieri adelantó que el monto de la pena que pedirá para Rossi es de 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal pide que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).

Cabe recordar que el exintendente fue condenado en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito; y 12 años después se le abrió una nueva causa, junto a su esposa y exdiputada Patricia Díaz, por el mismo delito, en el que el fiscal Álvaro Piérola investiga una cuenta bancaría registrada a nombre de Días en Uruguay. La cuenta tuvo movimiento entre enero de 2014 y marzo de 2017, según informó la Dirección General Impositiva de la República Oriental del Uruguay.

El juez que define


El juez que debe decidir la elevación de la causa a juicio, Walter Daniel Carballo, tiene una larga trayectoria en la función pública. Ingresó al Estado en la tercera gobernación de Jorge Busti (2003-2007) y continuó en los gobiernos de Sergio Urribarri (2007 a 2015).

En 2003 fue designado Director de Política Legislativa y Judicial, dependiente de la Secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que estaba a cargo de José Carlos Halle –hoy titular del EPRE-; en julio de 2004 fue designado Director General de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito; y más tarde, en 2007, ya en el gobierno de Urribarri, fue designado Subsecretario de Justicia.

Un año después, en febrero de 2008, asumió como Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; y cuatro años después, en marzo de 2012, fue nombrado Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación, que comandaba Pedro Báez, hoy diputado provincial.

El 20 de abril del año pasado, la actuación de Carballo durante su paso por el Ministerio de Comunicación de Báez –hoy diputado-  fue cuestionada por la Fiscal General de Coordinación de Paraná, Matilde Federik.

En el marco de una audiencia por la supuesta contratación amañada de Global Means SA, del empresario Germán Buffa, la acusadora consideró que Carballo, que era asesor legal del ministerio de Báez, y otros asesores, no pusieron atención a las contrataciones que realizaba el entonces ministro. En ese entonces dijo que fue un error “grosero” el no haber detectado que la empresa fue inscripta en el Registro de Medios que aún no estaba registrada en la Dirección de Personas Jurídicas.

“No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, dijo aquella vez la fiscal.

Expectativas judiciales y electorales


Sectores de Rossi como de Moreyra ponen sus expectativas en lo que sucede en los Tribunales de La Paz respecto del avance de causas judiciales cruzadas. Por un lado, desde las huestes del actual intendente esperan que el expediente por las obras de pavimento en contra de su rival llegue a instancia de debate oral y público. De igual modo, el rossismo espera que el fiscal Alfieri avance con la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de Moreyra, que se abrió por una denuncia de Rossi.

El telón de fondo de las expectativas judiciales son, ahora, las elecciones generales del 9 de junio donde se espera una dura pelea entre los dos candidatos más votados en la localidad. Como se sabe, Rossi sorprendió en las PASO al obtener 3.866 votos, que representa el  42,23% de los votos; sobre 3.677, el 40,16%, que sacó Moreyra.

Ese dato surge del  99,69% de las mesas escrutadas (3.252 de 3.262)que informa el sitio oficial que habilitó el gobierno provincial para las PASO. La diferencia es mínima: 180 votos.

Rossi se presentó con una lista vecinalista denominada “Juntos por Santa Elena”. Su compañero de fórmula es el profesor universitario Elvio Gamarra. En tanto, el actual intendente que va por la reelección encabezó la lista Nº 2, del Frente Justicialista Creer Entre Rìos, que a nivel provincial lidera el gobernador Gustavo Bordet. Su compañero de fórmula es José Villalba, docente jubilado.

El frente Cambiemos se ubicó en tercer lugar con 1.130 voluntades, que representa el  12,34%. Más atrás quedaron el partido Ser, con  287 votos; la Confederación Vecinalista, con 118; y el Partido Socialista con 77 sufragios.

 

Fuente: EntreRíosAhora

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